En Estados Unidos, el Tribunal Supremo acaba de ocuparse, por primera vez en su historia, de un asunto espinoso que afecta a los grandes grupos tecnológicos estadounidenses. Desde ayer, trata de determinar la responsabilidad de los sitios web, y más concretamente de las redes sociales, por el contenido de los mensajes, fotos y vídeos publicados por sus usuarios.
El Tribunal Supremo se pronunciará sobre la responsabilidad de las redes sociales por los contenidos publicados
En 2015, durante los atentados de París, que afectaron principalmente al Bataclan, Nohemi González, una estudiante estadounidense de 23 años, murió en uno de los restaurantes atacados por los terroristas. En un esfuerzo por encontrar a todos los responsables de la muerte de su hija, los padres de Nohemu González creen que el alcance mediático del Estado Islámico, la organización terrorista que perpetró los atentados, se vio potenciado por las redes sociales.
De hecho, los abogados de la familia Gonazales, así como otras familias que han perdido a un miembro en un atentado, aseguran que YouTube no duda en recomendar a sus usuarios vídeos del Estado Islámico, permitiéndoles difundir sus mensajes libremente. Además, creen que las redes sociales Twitter y Facebook han facilitado las acciones de los terroristas, ya que pueden enviarse mensajes de forma discreta, gracias al cifrado de extremo a extremo.
La demanda ha sido aceptada por la más alta institución jurídica de Estados Unidos, el Tribunal Supremo. El Tribunal se tomará el tiempo necesario para analizar todos los expedientes aportados por las familias de las víctimas del terrorismo. Tendrá que determinar qué grado de responsabilidad tuvieron Twitter, YouTube y Facebook en los atentados.
Las redes sociales se escudan en la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones
Para eximirse de cualquier responsabilidad, los abogados de las distintas redes sociales se apoyan en una ley estadounidense de 1996: la Communications Decency Act. Este texto, considerado como una de las leyes pioneras en el desarrollo de Internet en el país del Tío Sam, especifica que las empresas tecnológicas no pueden, en general, hacerse responsables de los mensajes considerados perjudiciales si se publican en sus plataformas y/o sitios web.
También señalan el artículo 230 de la Ley, que permite a cualquier anfitrión eliminar los contenidos que considere inapropiados, siempre que pueda demostrarse que lo son. Añaden que se han realizado numerosos esfuerzos para garantizar la eliminación de cualquier propaganda del Estado Islámico de sus plataformas. En junio de 2020, Donald Trump emitió una propuesta para acabar con la Sección 230, pero su fracaso en la reelección en noviembre de 2020 permitió a Joe Biden revocar la orden ejecutiva que firmó.
Varios países del mundo, como Australia y Francia, consideran que los medios de comunicación y, por tanto, las redes sociales son responsables de los contenidos publicados en sus plataformas. Por eso es frecuente ver que los contenidos franceses publicados por usuarios franceses son moderados y a veces eliminados. El hecho de que el Tribunal Supremo vaya a pronunciarse sobre este artículo provocará sin duda fuertes reacciones en la clase política estadounidense.
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