Al parecer, China está a punto de añadir una nueva entidad a su ya larga lista de organismos gubernamentales. Pekín quiere designar un único órgano decisorio que administre la gestión de los datos informáticos en el país.
Actualmente, la gestión de datos depende de varios organismos. Algunos son bien conocidos, como la Administración del Ciberespacio de China y el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT). Otros son más discretos o insospechados, como la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma. Los últimos años han puesto de manifiesto la necesidad de una mejor organización.
El año 2020 marcó el inicio de una absorción digital por parte de Pekín, con el gigante Ant Group como ejemplo. Con el autoritarismo como telón de fondo, también se ha hablado de moverse rápido y con fuerza para llenar el vacío existente en la regulación del tratamiento de datos personales. La antigua filial de Alibaba poseía ingentes cantidades de información sobre sus cientos de millones de usuarios, que utilizaba para asignar microcréditos, cuya responsabilidad recaía luego en bancos locales que no podían consultar la información.
El año 2021 marcó el fin del laissez-faire en el tratamiento de datos personales. En febrero, la Administración Estatal de Regulación del Mercado (SAMR) dio a conocer una serie de normas contrarias a la competencia. Las grandes plataformas ya no pueden intercambiar información sobre sus usuarios ni utilizar algoritmos para fijar precios. Unas semanas más tarde, la MIIT condenó a cerca de 150 grandes aplicaciones (NetEase, ByteDance, Amazon) por recopilación ilegal de datos, algunas de las cuales incluso engañaban deliberadamente a los usuarios.
En agosto, se promulgaron en rápida sucesión un marco para el uso privado del reconocimiento facial y la PIPL, cuyos esbozos habían aparecido en marzo. A partir de ahora, las empresas digitales deberán solicitar permiso para procesar información personal biométrica, médica, sanitaria, financiera y de localización de los usuarios. Los internautas deben poder rechazar la publicidad selectiva. Otras medidas incluyen el fin de la discriminación algorítmica. Se trata de una práctica muy extendida en China, que consistía en adaptar el precio de los productos vendidos en línea en función de los datos recogidos sobre el consumidor. La PIPL también prohíbe la transferencia de cierta información a otros países.
Las leyes entraron en vigor tan rápidamente como las empresas se vieron desbordadas. Los puestos de DPO están ahora muy solicitados y los salarios, ante la escasez, se han disparado. Sin embargo, a pesar de la buena voluntad de las empresas, a veces tienen que pasar por varios interlocutores, de varias administraciones públicas… De ahí la idea de crear una entidad única para vigilar la correcta aplicación de la LPRP y pensar en otras normas sobre el tratamiento de datos personales, pero también para acompañar a las empresas en su cumplimiento.
Si se crea, este organismo tendrá también la misión de pronunciarse sobre la naturaleza de los datos generados en China por empresas extranjeras que pueden exportarse. Lo mismo se aplica al intercambio de información por parte de empresas locales con socios comerciales extranjeros. Un enfoque más coherente, que permitiría a una sola voz dictar las normas de gobernanza de datos.
Durante esta reunión anual de la Asamblea Popular Nacional, que se prolongará hasta el 13 de marzo, también se espera que los debates giren en torno a un informe publicado por 16 departamentos gubernamentales. Dirigido por el MIIT, establece una agenda de seguridad de datos para los próximos tres años. Este sería otro argumento a favor de un nuevo organismo oficial.
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