En Australia, las autoridades quieren reaccionar rápidamente para evitar el robo de datos a gran escala. Han dado a conocer un plan integral en el que participan bancos y operadores de telecomunicaciones.
9,8 millones de personas afectadas en Australia
El anuncio se produce tras un ciberataque a Optus, el segundo operador de telefonía móvil del país, que provocó el robo de los datos personales de 9,8 millones de personas, lo que equivale a uno de cada tres australianos. La información incluye copias de sus pasaportes, permisos de conducir y números de la seguridad social. Los ciberdelincuentes publicaron la semana pasada los datos de 10.000 de estos clientes en la dark web, y exigieron a Optus un rescate de un millón de dólares.
Según informa ReutersEl gobierno australiano ha criticado a la empresa por describir el ataque como sofisticado y por su retraso en informar a los clientes afectados. El gobierno cree que el ciberataque se llevó a cabo por un fallo de seguridad básico. Desde entonces, los sectores de las telecomunicaciones y las finanzas, así como el gobierno, están en alerta y quieren poner en marcha un programa para evitar que se repita un suceso de tal magnitud.
Facilitar el intercambio de información entre bancos y operadores
Las autoridades han propuesto una revisión de la Ley de Protección de la Privacidad del Consumidor. Su objetivo es facilitar el intercambio de datos entre las empresas de telecomunicaciones y los bancos para que puedan coordinar mejor sus actividades con las de las instituciones financieras y el gobierno.
En virtud de la nueva medida, los operadores podrán compartir con los bancos los documentos de identificación emitidos por el gobierno, lo que les permitirá realizar un mayor seguimiento de los clientes afectados por las violaciones de datos. En caso de ciberataque u otros actos relacionados con la ciberdelincuencia, cada una de estas entidades debería poder minimizar en gran medida las consecuencias del incidente gracias a estas nuevas herramientas de intercambio.
Además, esta actualización ayudará a combatir el fraude a través de los mecanismos existentes en el sector financiero para denunciar las transacciones fraudulentas. » Las nuevas normas han sido cuidadosamente diseñadas con fuertes salvaguardias de privacidad y seguridad para garantizar que sólo se pueda acceder temporalmente a información limitada para prevenir y responder a incidentes de ciberseguridad, fraudes, estafas y actividades relacionadas. «, dijo Jim Chalmers, Tesorero de Australia.
Esto significa que la información que reciban los bancos tendrá que ser destruida cuando ya no sea necesaria y sólo podrá utilizarse para prevenir o responder a incidentes de ciberseguridad, fraudes, estafas o robos de identidad.
La ciberdelincuencia va en aumento
Además de la revisión, el Gobierno quiere imponer sanciones más severas a las empresas con salvaguardias de ciberseguridad laxas, y también quiere imponer restricciones a la cantidad y el tipo de datos de los clientes que pueden acumular.
Con esta medida, Australia podría ser pionera en la lucha contra la ciberdelincuencia, que en gran medida ha ido en aumento cada año desde el inicio de la pandemia de Covid-19. Sin embargo, es evidente que este tipo de normas plantean dudas sobre la privacidad de los ciudadanos, pero los ciberataques están alcanzando ahora tal magnitud que los gobiernos deben actuar con mucha más contundencia.
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